Los nuevos fondos europeos “Next Generation” para la recuperación social y económica por el impacto de la COVID-19, apuestan de forma firme por el impulso de las energías renovables y el fomento de una economía baja en carbono. Llegados a este punto, tanto España como la Comunitat Valenciana deberán afrontar con decisión un reto mayúsculo: abordar con todas las garantías los problemas y oportunidades que se relacionan con el cambio climático.

En el ámbito valenciano, la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, aprobó el Decreto Ley 14/2020 de 7 de agosto de 2020, referido a las medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica. Ello deberá contribuir al objetivo fijado por la Generalitat Valenciana para 2030: instalar 6.000 MW en solar fotovoltaica y 4.000 MW en eólica.

El Capítulo I de este Decreto, recoge los dos supuestos de aplicación para impulsar los proyectos de centrales fotovoltaicas y parques eólicos. El criterio principal para su desarrollo toma como referencia la capacidad energética producida. Si las instalaciones que generan energías limpias y renovables sobrepasan los 50 MW, serán promovidas y gestionadas por el propio Estado. Si no se supera esta capacidad, la competencia y su regulación pertenecerán a las Comunidades autónomas, y será de aplicación lo dispuesto en el referenciado Decreto.

Dentro de los criterios de localización e implantación de este tipo de infraestructuras y en lo referido a su ubicación en el territorio valenciano, se debe dar respuesta a los Artículos 9 y 10: 9- Criterios específicos para la implantación de centrales fotovoltaicas en áreas sometidas a protección medioambiental, y 10– Criterios territoriales y paisajísticos específicos para la implantación de centrales fotovoltaicas, pudiendo presentar Consultas Previas al órgano de territorio y paisaje.

Por otro lado, y con la intención de reforzar estas políticas de defensa territorial, la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, ha aprobado una batería de medidas y directrices para la protección de los Paisajes de Relevancia Regional de la Comunitat Valenciana (PRR), definidos en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. Estas medidas, deberán reforzar la ordenación y gestión de estos espacios geográficos de valor patrimonial, con el objetivo de compatibilizar el proceso de transición energética con los valores ambientales y paisajísticos existentes en el territorio.

El documento de consultas previas debe ir acompañado del Informe de Compatibilidad Urbanística expedido por el Ayuntamiento/s afectados o en su defecto, del documento que acredite la solicitud de éste. Una vez aceptadas estas condiciones de partida, la administración autonómica media por trasladar la tramitación de estas instalaciones y utiliza para ello los instrumentos de planeamiento urbanístico municipal.

En referencia a la tramitación urbanística, las instalaciones inferiores a 50MW se rigen por lo dispuesto en el DL 14/20, si bien el instrumento urbanístico recomendado por la administración autonómica para las instalaciones superiores a 50MW, cuya tramitación es el Ministerio, es el Plan Especial o la Modificación Puntual del Planeamiento urbanístico vigente del municipio, y como tales, y en cumplimiento de la LOTUP, quedan sujetos a las garantías de evaluación ambiental y territorial estratégica, obligando en su análisis al estudio de distintas alternativas. Igualmente, deberá aportarse Estudio de Paisaje. En este sentido, y con posterioridad a la fase de planificación, concretamente en la fase de proyecto, éste deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística, cuyo análisis será coherente con el Estudio de Paisaje del instrumento urbanístico.

En este marco general para su desarrollo e intervención, desde IMEDES estamos orientando y asesorando a clientes y promotores, en la búsqueda de las soluciones óptimas para la implantación de instalaciones solares fotovoltaicas y parques eólicos en el territorio, así como en la elaboración de los estudios necesarios y la tramitación de éstos ante las diferentes administraciones competentes.